En el día de ayer, la Municipalidad de General Roca procedió a formular denuncia penal contra Norberto Bassi, a los fines que la Justicia investigue la probable comisión  de los delitos de extorsión y tentativa de estafa contra funcionarios públicos municipales.

A principio de este año, Bassí exigió a diversos funcionarios municipales, del Concejo Deliberante y del Ejecutivo municipal,  la realización de los servicios de infraestructura en su loteo particular, gas, luz, agua, cloacas, bajo amenaza de dar a conocer públicamente, que la subasta de la reserva municipal realizada, correspondiente a su loteo privado, a su entender, era confiscatorio e inconstitucional.

El pedido de Bassi fue sistemáticamente desestimado, por cuanto cada loteador según las normativas vigentes (Plan Director de General Roca), debe de dotar de los servicios de infraestructura a su loteo.

Se recuerda a los vecinos que cada municipio por Ley 279 está facultado a la venta de tierras fiscales. Dicha venta se realiza mediante subasta publica, autorizada por el Poder Legislativo con la aprobación de mas de dos tercios de sus miembros ( Art. 39-Inc. 21 de la Carta Orgánica Municipal).

Desde el año 1985 el municipio de General Roca realiza subasta pública de terrenos. Ese año y mediante la Ordenanza 309 fueron subastados 18 lotes; en 1993 por Ord. 1754 se subastaron 6 lotes; en el año 1997, a través de la Ord. 2463, se realizó la subasta pública de 6 parcelas de dominio municipal; en el año 2004 por Ord. 3931, se subastaron 27 lotes, en el año 2009 por ordenanza 4570 se realizó la subasta de 64 parcelas, realizándose la ultima subasta autorizada por Ordenanza 038/12, lo que implica que todas las subastas se han realizado dentro de la normativa vigente.

Desde este Municipio se consideró que la ley no se pacta, ni se transa, sino que se cumple, por ende, de estimar el Sr. Bassi que le asistía derecho a su reclamo, debió acudir a la Justicia para revisar la legalidad de las Ordenanzas que tambien se aplican en muchos Municipios de Rio Negro y la Argentina y no en cambio utilizarlo, como un medio de presión para obtener beneficios ilegítimos del Estado municipal.